La declaración de la Amazonía colombiana como zona libre de minería e hidrocarburos es, sin duda, una decisión ética y científica que pone sobre la mesa la fragilidad de un bioma que regula el agua de todo el continente. Se debe agregar que, proteger más de 48 millones de hectáreas es un mensaje de soberanía ambiental contundente en el marco de la COP30, pero como técnico que recorre el territorio, me pregunto: ¿es suficiente una línea roja en el papel para detener el mercurio (Hg) en los ríos? La realidad es que, mientras cerramos la puerta a la minería formal —que está sujeta a fiscalización, licencias y planes de cierre—, el vacío corre el riesgo de ser llenado por la extracción ilícita que no respeta distritos mineros ni reservas forestales (nótese el caso del páramo de Santurbán en Santander).
Ahora veamos, la Amazonía es un sistema complejo cuya estabilidad es fundamental para el régimen de lluvias en el resto del país y del continente. La remoción de cobertura vegetal para actividades mineras ilícitas en este bioma tiene consecuencias devastadoras que van mucho más allá de la pérdida de biodiversidad local. Así, por ejemplo, la degradación del suelo amazónico, caracterizado por ser delgado y dependiente de la materia orgánica superficial, hace que la restauración post-minería sea un proceso extremadamente lento y costoso, a menudo inviable en escalas de tiempo humanas.
Desde otro punto de vista, como el hidrológico, la minería ilícita en la Amazonía altera la química de los ríos de aguas blancas y negras, introduciendo sedimentos que bloquean la luz solar y afectan la vida acuática. No obstante, la prohibición de la minería formal en esta zona es una respuesta a la imposibilidad técnica de garantizar un impacto cero en un entorno de tan alta sensibilidad y conectividad biológica.
Si bien la declaración de zona libre de minería es denominada como “victoria normativa”, el desafío técnico y de seguridad es monumental. Ahora bien, la minería ilícita, que no reconoce fronteras ni leyes, continúa siendo la mayor amenaza para la Amazonía. A diferencia de la minería formal, que está sujeta a estándares como el PTO y planes de cierre, la minería ilícita utiliza mercurio (Hg) (para el ejemplo del oro (Au) de manera indiscriminada y carece de cualquier medida de mitigación.
La paradoja radica en que, al cerrar la puerta a la minería formal —que podría ser tecnificada y monitoreada—, el Estado debe redoblar sus esfuerzos de control territorial para evitar que el vacío sea llenado por organizaciones criminales. Dicho lo anterior, la protección de la Amazonía requiere no solo decretos, sino una presencia institucional robusta que ofrezca alternativas económicas como la tecnificación de operaciones de pequeña escala y el pago por servicios ambientales a las poblaciones locales.
Desde mi perspectiva, la prohibición de nuevas licencias industriales en departamentos como Amazonas, Guainía o Vaupés debe venir acompañada de una presencia estatal sin precedentes que superan la capacidad del Estado. No se trata solo de prohibir, sino de ofrecer alternativas técnicas como el desarrollo económico basado en la producción tecnificada y legal de los recursos del territorio, y de fortalecer la autoridad minera en zonas donde hoy la ilegalidad es la única ley. Debemos entender que proteger la selva es también proteger la seguridad hídrica que alimenta nuestras hidroeléctricas y páramos andinos. En definitiva, la minería tecnificada tiene el reto de demostrar su valor en las zonas permitidas para la concesión, dejando los ecosistemas estratégicos como santuarios de vida, pero siempre con la vigilancia activa de que el «cero minería» formal no se convierta en «toda la minería» criminal, porque ser minero no es ser un criminal.
Redactó: Ingeniero de Minas y Metalurgia, MSc. Tommy Vallejo López.
